(madridnorte24horas.com) Las Plataformas por la Escuela Pública de Colmenar Viejo y Tres Cantos creen que la nueva Ley Maestra agrava la situación de la educación en Madrid, donde señalan que se hace el menor gasto público por alumno de todo el país.

Denuncian que Madrid, siendo la comunidad autónoma más rica, invierte un 2,5 % del PIB en educación, la mitad de la media de España y es la de menor gasto público por alumno con 4.503 euros, frente 5.579 de media en España y a 9.298 del País Vasco. En cambio, es la segunda comunidad que más dinero da a la concertada y, además, está a la cabeza de Europa en segregación educativa.

Por su parte, la Comunidad de Madrid al iniciar la tramitación de la nueva Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, la presentó con el siguiente objetivo: «una normativa autonómica con la que el Ejecutivo madrileño, dentro de sus competencias, pretende garantizar los pilares de la educación en su territorio que se ven amenazados con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE)».

El coordinador de Enseñanza Unión Comarcal Norte CCOO, José Ángel Guerrero ha destacado que esta ley de la Comunidad de Madrid «juega con la palabra libertad de forma propagandística. Confunde la libertad con libre mercado»

Un nuevo intento de acabar con la Educación Pública

Al contrario de la versión del gobierno regional, para las Plataformas esta Ley Maestra «contradice los avances incorporados por la nueva Ley de Educación a nivel estatal (LOMLOE) en muy diferentes aspectos, especialmente en los relacionados con la equidad e inclusión de alumnado y familias, la cesión de suelo público a empresas privadas para la construcción de centros educativos privados-concertados y la publicación de rankings de centros con los resultados de pruebas académicas».

Denuncian que esta ley promueve la enseñanza en centros privados sostenidos con fondos públicos (concertados). Creen que con esta ley educativa madrileña no se garantiza la igualdad, sino todo lo contrario, se segrega al alumnado, subvencionando con dinero público una educación en centros privados que pueden pagar solamente determinadas familias, sin transparencia en el reparto de los fondos.

«Esta ley apuntala el servicio privado educativo, trasvasando el dinero de la hacienda pública», destaca Guerrero.

Explican que la ley regional trata de anular dos aspectos aprobados en la LOMLOE para frenar la segregación: no financiar con dinero público centros que separan al alumnado por sexo, y en este caso la “Ley maestra de libertad de elección educativa” contraviene la ley de rango superior apoyándolos económicamente; y, en segundo lugar, en contra de la escolarización de cercanía que propone la LOMLOE, la “Ley maestra de libertad de elección educativa” defiende el distrito único, que favorece la creación de centros gueto frente a centros de élite o de privilegio.

Manipulación de la palabra ‘inclusión’

Si para el coordinador  de Enseñanza Unión Comarcal Norte de CCOO, la ley regional manipula la palabra ‘libertad’, también lo hace con el término ‘inclusión’.  El manifiesto de la Marea Verde contra esta ley recoge que «En lugar de crear más plazas públicas en centros públicos ordinarios para alumnado con necesidades educativas especiales, propone una variedad de itinerarios segregadores y excluyentes. En vez de dotar a los centros de medios personales y materiales para favorecer la inclusión real de todo el alumnado en centros ordinarios compartiendo el espacio educativo, promueve más segregación y menos inclusión».

Para garantizar una inclusión educativa efectiva se han de reducir las ratios, aspecto crucial para atender de manera individualizada al alumnado no solo con necesidades específicas de apoyo educativo, y que esta ley no contempla. Y se han de evaluar no solo las barreras físicas, sino las actitudinales, las culturales y de aprendizaje, para superarlas o al menos paliarlas, haciendo diagnósticos de la situación con todo el alumnado.

La Asamblea Marea Verde Madrid ha pedido a los grupos parlamentarios de la oposición de la Asamblea de Madrid que insten al Ministerio de Educación a que recurra la “Ley maestra de libertad de elección educativa” ante los tribunales.