Unas lonas cubren los andamios de un complejo de edificios al norte de Berlín. Ocultan la renovación de un complejo de 250 viviendas de los años treinta, demasiado costosa para algunos inquilinos cuyas rentas se dispararían. Sebastian Roos ha optado por librar la batalla en los tribunales y en las calles, pidiendo una solución contra lo que considera una subida desorbitada de los alquileres. Roos no está solo. Los carteles contra “la locura del alquiler” y llamando a la movilización ciudadana cuelgan desde hace meses por todo Berlín. La presión social que exige viviendas asequibles arrecia y los políticos berlineses han terminado por mover ficha.

El Gobierno de la capital alemana ha anunciado que congelará los alquileres durante cinco años. “La vivienda es una necesidad básica […]. Con la nueva ley queremos poner freno al serio incremento de los últimos años y enfriar el calentamiento del mercado del alquiler en Berlín”, anunció la ministra regional de desarrollo urbano Katrin Lompscher hace una semana. Se calcula que la medida afectará a 1,5 millones de apartamentos.

Activistas y autoridades coinciden en que algo hay que hacer. Los alquileres en Berlín se han duplicado en la última década y el precio de venta creció en 2017 un 20,5% más que en ninguna otra ciudad, según los datos de Knight Frank. La subida de los alquileres afecta de manera especial en la capital, donde el 85% de las personas vive de alquiler. Además, Berlín es una ciudad magnética que no deja de crecer y que se calcula que atrae cada año a 40.000 personas. Trabajadores, estudiantes y demandantes de asilo se instalan en la capital alemana en busca de una nueva vida. Mientras, la construcción de nuevas vivienda no avanza al ritmo necesario para dar respuesta a la creciente demanda.

El acuerdo adoptado por el Gobierno de Berlín (una coalición de socialdemócratas (SPD), verdes y Die Linke) debe ser todavía redactado en forma de ley el próximo 17 de octubre por el Parlamento regional, donde se espera que alcance sin problemas la mayoría. La entrada en vigor está prevista para enero de 2020, pero el acuerdo marco tiene efecto retroactivo desde el 18 de junio para evitar subidas hasta la aprobación definitiva. Las violaciones de la norma podrán acarrear multas de hasta 500.000 euros.

En el caso de las modernizaciones y mejoras, la norma obliga a los propietarios a pedir autorización y fija un tope de 50 céntimos de subida por metro cuadrado. A los inquilinos que firmen ahora un contrato no les podrán pedir más que lo que pagaban los anteriores y los arrendatarios que paguen un precio muy elevado comparado con los topes que se fijen, podrán incluso solicitar una rebaja. (elpais.es)

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