El Govern limitará el precio de los alquileres en Catalunya y le da la opción al Ayuntamiento de Barcelona a que haga lo propio en la capital catalana o en los barrios que considere ‘área tensa de mercado’. Finalmente el Consell Executiu de la Generalitat abordará —y previsiblemente aprobará en su reunión de este martes— el decreto ley elaborado por la Conselleria de Justícia con el que se pretende poner freno a la tensión en el mercado de la vivienda de arrendamiento.

Queda superada la minicrisis que se produjo la semana pasada entre la conselleria que dirige Esther Capella y la de Territori i Sostenibilitat, de Damià Calvet (PDeCat), que mostró sus reticencias al proyecto legislativo que anunció  Capella la semana pasada y que avanzó este diario el pasado lunes. Fuentes conocedoras del decreto han señalado que este se presentará con una mínima variación sobre el texto anunciado la semana pasada en cuanto a la dimensión máxima de las viviendas que quedarán exentas de la limitación de precios, que pasa de los 120 metros cuadrados iniciales a 150 metros.

Al margen de Barcelona, el Govern de la Generalitat se encargará de aplicar la contención de precios en el resto de municipios catalanes. Y será el Departament de Territori –que tiene competencia sobre vivienda– quien se ocupe de ejercer esas atribuciones.

El índice de referencia de precios de alquiler será el instrumento para determinar las restricciones de precio. Ese baremo tan solo podrá superarse en un 10% en las zonas en las que se limiten precios. No obstante, las viviendas nuevas, así como las rehabilitadas integralmente podrán sobrepasar ese porcentaje (20%), aunque tan solo durante los cinco años posteriores a su construcción o renovacíón.

 

Margen de subida

Estos porcentajes implican que, por ejemplo, para una vivienda de 46 metros cuadrados en el barrio de Gràcia, con un precio —según el índice de la de referencia que ya utiliza la Generalitat—, de 14,26 euros por metro cuadrados, lo que da una renta de 655,90, podría alcanzar los 721 euros al mes, 786 euros en el caso de que la vivienda fuera nueva.

La ley considera que un área tensa de mercado será aquella en la que se acredita un crecimiento de los precios que obliga a disponer de un presupuesto familiar para el alquiler superior a la media de Catalunya o en la que existe desproporción entre el aumento de la población y el número de viviendas disponibles. El Govern también tiene previsto dar luz verde a la memoria preliminar del anteproyecto de ley de arrendamiento de fincas urbanas, también impulsado por Justícia,  que debe incorporar el mecanismo para la limitación de los precios de alquiler y ampliará la regulación de otros aspectos relacionados con los alquileres. Entre otros aspectos se establece que la duración mínima de los contratos de alquiler en Catalunya se situará en una horquilla de entre seis y 10 años. En el caso de los particulares la duración será inferior a la determinada para las empresas dedicadas al negocio inmobiliario.

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