Decenas de vecinos frenan de madrugada un nuevo desahucio en Argumosa 11

Pepi se queda una vez más. Y con esta son ya cinco los lanzamientos que esta vecina de la calle Argumosa 11 lleva esquivando. En esta ocasión ha sido gracias a la movilización social, con más de un centenar de personas que han impedido, de forma pacífica, la entrada en el edificio de la comisión judicial que se personó en el inmueble a las 6.20 horas de la mañana, en horario inhábil. “Si no fuera por el apoyo de ellos, ¿de mi qué sería?”, se preguntaba esta viuda de 65 años, que vive, junto a sus hijas de 24 y 29, gracias a una pensión de 380 euros.

El bloque de Argumosa 11 se ha convertido en todo un símbolo en el barrio de Lavapiés. “La propiedad está repartida entre tres herederos y la empresa Proindivisos. No es exactamente un fondo buitre, sino lo que podríamos llamar una empresa patrimonial, creada ex profeso para comprar inmuebles a un precio inferior al de mercado, vaciarlos y luego especular con ellos. Es el facilitador del fondo buitre”, explica el portavoz de la Asamblea de Bloques en Lucha, que agrupa a varias asociaciones, Fernando Bardera. Así, tras dos décadas viviendo en uno de los pisos, la propiedad hizo a Pepi firmar un nuevo contrato “a la medida de lo que querían”, indica ella. “Me dijeron que me subían 100 euros, hasta los 400, y al año siguiente, otros 100. Yo ya dije que eso no lo podía pagar”, explica. “Se fuerza el no recibir la renta durante dos o tres meses para poder denunciar por impago”, apunta Bardera.

La hora a la que el juzgado había señalado el lanzamiento -las 6.30- hacia sospechar a las plataformas en pro del derecho a una vivienda digna que el objetivo era dificultar la movilización social. Por eso, y ante el temor de que efectivos policiales bloquearan los accesos a la calle, Bloques en Lucha organizó una vigilia en el edificio, donde hay otros dos señalamientos para el mes de enero. Cuando a las 6.20 de la mañana cuatro furgonetas de la Policía Nacional enfilaron Argumosa hasta el número 11, un grupo de vecinos ya esperaba a las puertas del edificio, cogidos de los brazos, mientras otro permanecía dentro del inmueble. Dentro se encontraban los diputados de Unidos Podemos , Rafael Mayoral, Ana Marcello y Alberto Rodríguez, y la concejala Rommy Arce.

“Nosotros también tenemos una resolución, de la ONU”

Al filo de las 6.30 horas, efectivos de la policía se acercaron al portal cercado para comunicar que existía una resolución judicial y solicitar que se permitiera el acceso para realizar el desalojo. La respuesta no se hizo esperar: “Nosotros también tenemos una resolución, de las Naciones Unidas, y no nos vamos a mover”, argumentó una vecina ataviada con un casco azul, como todas las que se situaban en primera fila. Se refería a la resolución del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, al que Pepi había pedido amparo, y que había reclamado a España que “se suspenda el desahucio de la vivienda” mientras la comunicación está siendo considerada por el comité o “que se le otorgue una vivienda alternativa adecuada”. Es la segunda vez que este organismo tiene que dirigirse a España por este caso en concreto. Ya lo hizo, con las mismas alegaciones, el pasado 28 de septiembre, cuando estaba señalado el anterior desahucio, que se frenó por esta resolución y el apoyo social.

Al no poder acceder al edificio, la comisión judicial se reunió con Pepi en la calle y emitió un auto de tres páginas en el que se paraliza el desahucio sin fecha. “Han dicho que, dada la increíble afluencia de gente, se suspende porque no pueden garantizar el orden público” y “de intervenir se crearían graves disturbios y desordenes públicos que tienen que evitar a fin de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, trasladó la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto. (eldiario.es)