El Partido Humanista denuncia la Ley de Seguridad Ciudadana preparada por el Ministerio de Interior. Empezaron con los derechos sociales, con la reforma laboral. Y nos dijeron: Ustedes no tienen derecho a tener una mínima seguridad en el empleo, y no tienen derecho a rechistar frente al poder empresarial, no tienen derecho tampoco a cobrar tantas prestaciones si es despedido. Y si les bajamos el sueldo a la mitad o despedimos a unos miles de trabajadores no intenten hacer huelga porque eso también lo vamos a quitar.
Luego siguieron con la salud, y dijeron: ustedes no tienen derecho a una sanidad pública y gratuita porque no tienen todos los requisitos y tendrán que pagarla de nuevo, no tienen derecho a consumir tantos medicamentos si no los pagan dos veces, no tienen derecho a opinar y mucho menos a decidir sobre lo que nosotros hacemos con los hospitales y centros de salud que se levantaron con el esfuerzo de generaciones y podemos privatizarlos y ponerlos en manos de quien queramos, no tienen derechos porque les falta este papel, o porque están desempleados, o porque su enfermedad es muy rara.
Y a continuación con la educación, y nos explicaron: ustedes no tienen derecho estudiar en la universidad si no pueden pagarlo, ni derecho a becas de libros o de comedor, ni a escuelas públicas con suficientes recursos, y como no tienen derecho a ayudas, si las necesitan mejor no estudien.
Después la seguridad social, que ya ni es segura ni es social, porque ustedes, dijeron, no tienen derecho a que se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones y cobrarán menos cada año y por supuesto que no tienen derecho a que el Estado garantice su nivel de protección actual.
Llegó el turno a la justicia y nos avisaron: no tienen derecho a una justicia gratuita, si quieren defender sus derechos tienen que pagar, y tampoco se crean que son ustedes dueñas de su cuerpo porque no tienen derecho a decidir sobre su embarazo, y si se atreven a interrumpirlo sin consentimiento se atendrán a las consecuencias.
Y ahora según la Ley que prepara el Ministerio del Interior nos dicen: “Ustedes tampoco tienen derecho a protestar, si les han desahuciado los bancos no se les ocurra venir a molestar a los próceres de la patria que han defendido a los bancos de tantos ataques injustos, si ya no pueden estudiar no se les ocurra acercarse a merodear a las sedes de las instituciones que sancionan estas leyes, si no tienen asistencia sanitaria no convoquen manifestaciones ni algaradas callejeras que perturben nuestra tranquilidad, si no tienen trabajo o no se resignan a ser nuestros esclavos ni pueden pagar la vivienda, la luz, la calefacción, el agua y si no se conforman y se quedan calladitos, entonces es que sobran y mejor márchense de este país”
Y por si alguien quiere venir sin su permiso, en las vallas que guardan las fronteras de Ceuta y Melilla han instalado cuchillas.
Esto sí que es violencia y no el “vandalismo” en las calles
¿Y si damos la vuelta a la situación? Si la pena es de 30.000 euros por manifestarse sin permiso o de hasta 600.000 euros si se hace un escrache, ¿cuál sería la pena por violar derechos sociales básicos, como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. ¿Cuál sería la pena por vulnerar la libertad de expresión o de manifestación? ¿Cuál por violar los derechos humanos y atentar contra el futuro de todas y todos?. ¿Cómo se verá esta situación en una sociedad donde la prioridad sea la protección de las personas y donde el progreso y el bienestar de todos esté por encima de los intereses de unos cuantos?
El Partido Humanista denuncia la política cruel y anti-humanista que está ejecutando este Gobierno en contra de la gran mayoría de la población. Son ustedes los que no tienen derecho a maltratar, discriminar y violentar, y estas leyes, con toda seguridad, en el futuro serán consideradas ejemplo de un sistema caduco y antihumano.
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