Roberto Rivas tomó partido cuando se negó a participar en el desahucio de Aurelia Rey, una octogenaria vecina de A Coruña. El bombero tuvo que ir a juicio y fue sancionado por «alterar el orden»; pagó una multa de 600 euros. «Lo volvería a hacer, por supuesto que sí», defendió, poco después de prestar declaración. La sentencia llegó en 2014, hace más de una década. Los casos de Iura, Zohra y Mariano son «la viva prueba» de que las reivindicaciones del cuerpo todavía no han sido atendidas.
«Llegó un punto en el que dijimos hasta aquí, vimos que hacía falta organizarse –más allá de los municipios– para suplir los vacíos legales y reivindicar nuestro derecho a la objeción de conciencia», cuenta Mario Aspano, portavoz de la plataforma Bomberos contra los Desahucios. El colectivo reúne a efectivos de todo el país –»cada vez más, de hecho, no te podría decir un número exacto, porque no paramos de recibir correos»– que piden no intervenir en desalojos forzosos, un requerimiento que, según destaca Aspano, «queda fuera» de sus competencias.
Iura amenazó con tirarse al vacío si los Mossos d’Esquadra reventaban la puerta de su piso, en Barcelona. El desahucio sólo se aplazó una semana, pese a los informes de vulnerabilidad presentados por el inquilino. El 3 de mayo de 2023, Iura se quedó en la calle. Zohra y su hijo de ocho años también han sido expulsados de su hogar este verano, en el madrileño barrio de Lavapiés. La comisión judicial no cedió a la presión popular y los antidisturbios detuvieron al activista que se había colgado de la ventana del piso para impedirlo. La dinámica se volvió a repetir hace unos días, durante el desalojo de Mariano. La Policía detuvo a tres activistas, unidos por una cuerda a la puerta del domicilio; si los agentes entraban, ellos caían al vacío. El papel de los bomberos ha sido crucial en los tres lanzamientos. (publico.es) (Leer más)
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