Facua, Uatae, UGT Madrid, CC.OO. Madrid, la FRAVM y UPTA han convocado una manifestación para el próximo miércoles, 23 de marzo, con el objetivo de reclamar a la Unión Europea y el Gobierno de España que se controlen los precios, que no repercuta la subida del gas a la factura de la luz y que se termine con los beneficios «caídos del cielo» de los «oligopolios» eléctricos.

Así lo han explicado este viernes Marian Díaz (Facua Madrid), Miguel Vila (UATAE), Rafael Espartero (UGT Madrid), Quique Villalobos (FRAVM), Paloma López (CC.OO. Madrid) y César García (UPTA).

Durante la movilización, que arrancará a las 18 horas y recorrerá de Atocha a Jacinto Benavente, reclamarán el cambio del «irracional sistema marginalista de fijación de precios», el fin de los «beneficios abusivos» de las eléctricas, la aceleración de las inversiones para reducir dependencia energética externa, protección a familias y ciudadanía, apoyo a los sectores productivos que más energía consumen y la activación de un mecanismo RED para evitar despidos.

Durante su intervención, el coordinador de UATAE en Madrid ha advertido de que la crisis que se está generando a raíz de la guerra está «lastrando los visos de recuperación económica» post-Covid y ha remarcado que la economía de la UE está «sostenida» principalmente por pymes y autónomos, «los que más están sufriendo esta subida».

«Hay que proteger a la industria, la ganadería, el campo y a los transportistas porque son sectores esenciales. Sin ellos la cadena de valor se encarece y genera exclusión social. Hay salidas posibles con escudos sociales y no rebajando impuestos a eléctricas y petroleras», ha remarcado Vila.

Esta visión la ha compartido el secretario general de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos AMTAS-UPTA, quien ha puntualizado que en la región el 92% del tejido productivo lo componen autónomos o pequeñas empresas que no tienen «suficientes reservas» para hacer frente.

SOLUCIONES INNOVADORAS Y NO LA DE «VAGOS» DE BAJAR IMPUESTOS

César García ha pedido que se busquen «soluciones innovadoras y efectivas» frente a la «propuesta de vagos» de bajar impuestos, mientras que ha hecho un llamamiento a la tranquilidad ante lo que considera episodios de «acopio desmedido» por «miedo» por parte de los consumidores.

Por su parte, la presidenta de Facua Madrid ha puesto el foco en los oligopolios eléctricos y ha tachado de «insuficiente» la propuesta de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de limitar a 180 euros el megavatio.

Para el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid lo que es una crisis por la guerra puede acabar derivando en una económica y de consumo.

Ante ello, Villalobos ha insistido en que es «obsceno» que las familias «apenas vean incrementados sus ingresos» mientras los oligopolios se reparten «200.000 millones de euros en beneficios».

CONTROL DE MERCADO POR «ECONOMÍA DE GUERRA»

UGT, por su parte, directamente ha exigido la política de control de precios porque considera que no se encuentra la UE en «libertad de mercado» sino que se ha pasado a una «economía de guerra».

«La UE rectificó el autericidio de 2008 y planteó un escudo social de la pandemia. Hay que planificar la economía sobre la defensa de los ciudadanos y empresas controlando la gestión del mercado de la energía», ha zanjado.

Por último, la secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha hecho un llamamiento en favor de un «pacto de rentas» y políticas impulsadas por el Gobierno de España para que no se encarezca la vida por la guerra.

«También es una llamada a la Comunidad de Madrid. El número de personas en riesgo de pobreza es muy alto, uno de cada cinco ciudadanos madrileños está en riesgo de exclusión a pesar de que el portavoz, Enrique Ossorio, no los encuentre. La Comunidad debe poner políticas públicas al servicio de la ciudadano y no hacer oposición permanente», ha advertido.

Para la toma de estas medidas por parte del Ejecutivo central han indicado que esperarán a la reunión de la Comisión Europea que tratará esta crisis energética, porque es «unas solución compleja en torno a la normativa de la UE». «Lo que es fundamental es que haya una posición de país y no se hagan declaraciones de carácter electoralista. Es suficientemente grave como para que este país cierre un acuerdo en beneficio de los más débiles», ha concluido Paloma López.