Dos semanas de visita en España que han dejado "sorprendido" al relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. "Me ha quedado muy claro que hay dos Españas", ha concluido el australiano, la más conocida y que visitan millones de turistas cada año, y otra a los márgenes de la luz pública caracterizada por una "pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección completamente inadecuado".
El representante de Naciones Unidas se ha mostrado "sorprendido" por el nivel de pobreza en España: "He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país". Una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza y exclusión, que en el caso de la población infantil alcanza casi al 30% de los menores.
Abordar la "crisis de la vivienda" es una de las cuestiones prioritarias que ha marcado el relator de la ONU al nuevo Gobierno de coalición en sus recomendaciones de 20 páginas, ya que es un problema que ha comprobado que afecta a todos los colectivos con los que se ha entrevistados en estos días.
Desde las personas en situación límite que tiene que abandonar sus hogares por no poder pagarlos y carecen de una alternativa habitacional, hasta las personas jóvenes que no pueden independizarse y residen en casa de sus padres a edades adultas por falta de recursos. "El derecho a la vivienda está en la Constitución", ha enfatizado Alston, pero en la práctica no se está garantizado, ha aseverado.
Entre las medidas que España puede implementar en esta materia, el relator apuesta por explorar la implantación del control de los precios de los alquileres para combatir esta crisis. Alston ha explicado que es consciente de esta iniciativa genera una "gran controversia", pero ha advertido de que el discurso público sobre la materia está "dominado" principalmente por la industria inmobiliaria y de vivienda.
"París, Berlín y muchas ciudades de EEUU están introduciendo controles sobre el alquiler y en muchos sitios está funcionando", ha subrayado el relator, que se ha mostrado partidario de que el Ejecutivo explore esta medida, "tenerla encima de la mesa", y comprobar si funciona o no.
En Francia han decidido experimentar durante cinco años la medida. Las ciudades que quieran acogerse (treinta ayuntamientos, entre ellos París y Lille ya han anunciado que lo harán) limitarán las subidas del alquiler a un 20% sobre un precio medio que se determinará según zona, año de construcción, calidades o número de habitaciones.
Por su parte, Berlín ha aprobado la introducción de un tope al precio de la vivienda de alquiler según el cual los arrendamientos quedarán congelados durante cinco años y a niveles acordes a los arrendamientos de referencia en sus respectivas zonas.
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