Los cimientos de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, se han tambaleado después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo IVIMA acometida en 2013 al fondo de inversión Azora Goldman Sachs Azora por 201 millones de euros.

Así lo determina el Tribunal Supremo en una resolución firme que, además de decretar nula la operación e inconstitucional el cobro de una plusvalía mayor que el beneficio, es un varapalo para el PP de Madrid tras decretarse la inadmisión del recurso interpuesto por el Gobierno regional -presidido entonces por Ignacio González y ahora por Isabel Díaz Ayuso, ambos del PP- y la propia Azora a la sentencia emitida en septiembre por la Sección Octava de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decretó la nulidad de esta operación.

Se trata de un acto de inadmisión sin entrar en el fondo del asunto, según el escrito al que ha tenido acceso La Vanguardia, que además impone las costas a los recurrentes tras no haberse encontrado argumentos que justifiquen que dichos pisos públicos ya “no eran necesarios” en su “labor social de proporcionar a las clases desfavorecidas una vivienda digna”. El escrito, además, incide en que “el objetivo general” de “alcanzar la estabilidad presupuestaria”, argumentado por el PP, “no resulta suficiente”.

Solamente en el periodo de Ana Botella como alcaldesa, el PP vendió a ‘fondos buitre’ casi una cuarta parte de las 10.000 viviendas públicas que en aquel momento conservaba el Ayuntamiento de Madrid para tratar de frenar la sangría económica de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo tras la gestión de la crisis inmobiliaria por Alberto Ruiz Gallardón.

El Alto Tribunal madrileño estimó en varias resoluciones que la venta al ‘fondo buitre’ fue “irregular” y quebró “la protección social” de las personas que vivían en ellas en respuesta, como la sentencia emitida en septiembre a la demanda de varios inquilinos del Ensanche de Vallecas de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (PAVPS). (lavanguardia.es)