De las 31.100 viviendas protegidas edificadas de 2005 a 2016, 30.000 están en manos privadas y pueden ser vendidas libremente
Los vecinos de una promoción de viviendas protegidas construidas en régimen de alquiler con opción a compra en Torrejón encontraron en julio en su buzón una nota que les informaba de que sus pisos han sido adquiridos por Fidere, un fondo buitre. No es el único caso. De las 31.100 viviendas protegidas edificadas en los últimos 12 años, 30.000 están en manos privadas y pueden ser vendidas libremente. La Comunidad solo mantiene la titularidad de 1.100 pisos.

El cambio de titularidad de las viviendas de Torrejón, que ha pillado a la mayoría de los vecinos de vacaciones, se produce pese a que el Gobierno regional se comprometió a no vender pisos protegidos a ese tipo de sociedades. “La Comunidad no va a vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con ánimo de lucro”, dijo la presidenta, Cristina Cifuentes, en su discurso de investidura, en junio de 2015. En diciembre de ese año, PSOE y Podemos sacaron adelante una enmienda parcial para que las viviendas de protección pública solo pudieran venderse a sus inquilinos o a entidades con fines sociales. La normativa no se ha desarrollado todavía.

“Se trata de una venta entre particulares, por lo que el compromiso de la presidenta [Cristina Cifuentes] se ha cumplido, no se ha producido una venta de viviendas de la Comunidad a terceros”, explica José María García Gómez, director general de Vivienda en la región. Sin embargo, hay que tener en cuenta que más del 90% de las viviendas protegidas promovidas por la Comunidad de Madrid de 2005 a 2016 fueron construidas por promotores privados: el Gobierno regional impulsó la construcción de 31.100 casas, de las cuales 28.225 fueron edificadas por empresas privadas y solo 2.875 por la Agencia de Vivienda Social, un organismo público.

De hecho, tras la venta en la pasada legislatura de viviendas protegidas a un fondo buitre, el Gobierno regional tiene únicamente 1.100 viviendas de alquiler con opción a compra de titularidad pública procedentes de estos 12 años. A estas habría que sumar otras 22.413 viviendas de titularidad pública construidas en años anteriores. El compromiso de Cifuentes, por tanto, solo se refiere a estas 23.513 viviendas; el resto, las otras 30.000 edificadas de 2005 a 2016, pueden acabar en manos de fondos buitre.

Es lo que les ha ocurrido a los vecinos de la parcela M-8 del Soto del Henares, en Torrejón de Ardoz, que en 2008 fueron beneficiarios de un sorteo para acceder a una vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra. El inmueble, promovido por la Comunidad, fue edificado por la constructora Sando, y en 2009 pasó a la inmobiliaria Hercesa. Hasta el 20 de julio, tres meses antes de que puedieran ejercer su opción de compra. “Hercecam [filial de Hercesa] ha transmitido la propiedad de su finca a la sociedad Yuncai Investment, que desde este momento es su nuevo arrendador”, decía la nota en el buzón. Yuncai Investment es filial de Fidere, filial a su vez de Blackstone. (elpais.es)

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