Las protestas y movimientos ciudadanos en contra de la gentrificación y el encarecimineto de la vivienda en la capital alemana están dando sus frutos. El Ayuntamiento de Berlín ha anunciado que está dispuesta a celebrar una consulta a la ciudadanía para prohibir que existan grandes tenedores de vivienda y expropiar dichas casas para convertirlas en viviendas sociales.

De aprobarse la ley propuesta, los grandes propietarios con más de 3.000 viviendas no podrían operar en la ciudad. Para llegar a las urnas, la iniciativa debe obtener primero 20.000 firmas de apoyo, algo que no será muy difícil atendiendo a las protestas celebradas en los últimos meses contra la gentrificación de barrios de Berlín o contra el campus de Google.

Según los cálculos realizados, las viviendas expropiadas podrían llegar a las 200.000. Estas casas se convertirían en viviendas de protección oficial y serían alquiladas en régimen de alquiler social a unos precios asequibles.

El Die Linke, los Verdes y algunos representantes del SPD, la llamada coalición rojo-rojo-verde de Berlín, han mostrado su apoyo a esta consulta. No es la primera maniobra de este tripartito contra el encarecimiento de la vivienda en la capital alemana. La construcción de viviendas asequibles ha sido una de sus principales prioridades, en el que se incluye también un plan para comprar viviendas privadas. "Además de nueva construcción, también queremos ver cómo podemos dar una buena oferta de vivienda, y aquí es donde la municipalización juega un papel importante", dijo el alcalde del SPD de Berlín, Michael Müller, en una conferencia hace menos de dos meses.

Las reacciones no han tardado. Los grandes medios alemanes y otros partidos políticos han puesto en entredicho la legalidad de dicho referéndum y la constitucionalidad de la expropiación forzada de viviendas. Pero, según indican desde las plataformas ciudadanas, citan un precedente legal establecido por la expropiación de tierras en Hamburgo después de una inundación en 1962 , tras la cual el Tribunal Constitucional Federal dictaminó que el bien común a veces requería que interfiriera con los derechos de propiedad.