publico.es.- Ha
sido una tarea de movilización continua durante años que, finalmente, ha dado sus frutos. Las mareas, las consultas por la sanidad, la enorme cantidad de grupos trabajando en defensa de la salud, la alarma continua desde hace años de los procesos de privatización que se están llevando a cabo en prácticamente todos los sectores de la sociedad, todo ello ha permitido generar conciencia en la gente de la importancia de defender unos servicios sociales al servicio de todos y gestionados de manera pública. En cualquier caso, muchos avisan de que el momentáneo freno no asegura que el proceso se pare y que la promoción de los servicios básicos universales es siempre una asignatura pendiente.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció la renuncia de su Gobierno a llevar adelante el plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, una decisión que se ha cobrado la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
En una convocatoria de prensa, González avanzó que su Ejecutivo deja sin efecto el traspaso de la gestión a las empresas Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo ante la «incertidumbre» generada por la sucesión de resoluciones judiciales sobre el proceso, cuya legalidad ha defendido.
El último de estos fallos judiciales tuvo lugar cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó mantener la suspensión cautelar del concurso que en agosto de 2012 adjudicó a las empresas los centros Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Tajo y del Sureste.
El titular del Ejecutivo madrileño indicó que la decisión de dejar sin efecto la externalización no supondrá nuevos recortes, aunque sí obliga a seguir ajustando los gastos y profundizar en las medidas incluidas en el plan sanitario aprobado en 2012 y ya puestas en marcha. El presidente de la Comunidad de Madrid, que ha recalcado que sigue considerando «legal» y «posible» el modelo de externalización hospitalaria, ha rechazado que dejar sin efecto este plan suponga un «fracaso».
Ha servido, según indicó, para «concienciar a toda la sociedad de la necesidad de hacer cada vez una gestión más eficiente» de los recursos públicos y del trabajo conjunto en la reducción del gasto «sin afectar» a los servicios «esenciales». González ha precisado que las empresas a
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