Esta mañana, una amplia representación de entidades defensoras de los derechos humanos, asociaciones vecinales y de consumidores, sindicatos laborales y movimientos sociales se ha reunido frente al Congreso de los Diputados para alertar de la finalización inminente de la moratoria antidesahucios, una medida incluida en el escudo social que ha mantenido suspendidos cerca de 60.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país.

Los colectivos, entre los que se encuentra la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), a la que pertenece la FRAVM, advierten que, si no se prorroga esta medida, a partir del 31 de diciembre nos enfrentaremos a una emergencia habitacional sin precedentes, con una ola masiva de desahucios sin alternativa habitacional, ya que actualmente la Administración no ha desarrollado planes de actuación urgente para garantizar el derecho a la vivienda de todas estas familias, ni tampoco existen medidas alternativas a la moratoria del escudo social. El responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, Quique Villalobos, ha llevado el apoyo de la Federación Vecinal en el acto frente al Parlamento.

Las entidades convocantes destacan el hecho de que estos cuatro años de moratoria demuestran que es jurídicamente posible diseñar e implementar medidas para evitar que se produzcan desahucios sin alternativas dignas para situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, por lo que exigen que esta medida se convierta en estructural. Asimismo, denuncian que la norma tiene algunos fallos que limitan su rango de acción: la falta de claridad en la definición de vulnerabilidad, la arbitrariedad de los jueces para aplicarla cuando debería ser suficiente un informe social y la omisión de algunas casuísticas -como la de las familias vulnerables que se han visto obligadas a ocupar una vivienda después de la pandemia o los de las inquilinas con contratos de renta antigua- son algunas de las causas que explican que solo uno de cada cuatro lanzamientos se suspenda. (FRAVM.ORG) (LEER MÁS)